Una histórica puja por el negocio de la salud tras la intervención a la Asociación Médica

Foto: Maxie Amena

(La Nación)

Un fuerte conflicto de intereses entre propietarios de clínicas y los directivos de la AMDC se revela al investigar las razones de la intervención a la Mutual médica. Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema, fue abogado de las partes denunciantes en los primeros fallos de lo que los gremialistas llaman "una campaña en contra".

[Publicado el 6 de octubre en semanario Cruz del Sur

disponible en los principales puntos de venta de revistas]

Mientras los temas ciudadanos ocupan la agenda, la intervención del Juzgado Federal número 1 de Santa Fe, a cargo del doctor Reynaldo Rubén Rodríguez, a la Mutual de la Asociación Médica del Departamento Castellanos (AMDC), estuvo lejos de pasar desapercibida para la opinión pública. Es que la movida, que responde a un requerimiento del juez de investigar un fideicomiso formado en 2004 para adquirir un sanatorio, esconde una álgida lucha de intereses vinculada a nombres de alto vuelo en la política argentina. Y esta intervención parece ser su corolario.

Según el comunicado oficial de la intervención, con la medida se busca “investigar y actuar sobre supuestos hechos irregulares constatados que la Mutual lleva a cabo en su giro y que podrían estar desvirtuando su objeto social". Es decir, el fideicomiso que crearon para comprar el complejo de clínicas Policlínico Rafaela SA sería irregular en la medida que las entidades mutualistas no podrían conformar ningún tipo de fideicomiso. También señalaron al diario La Opinión que “la medida no tiene que ver conque la Mutual esté desfinanciada, ni que tenga problemas económicos” sino a “ciertos manejos que ha tenido históricamente y que no estarían dentro del objeto que tiene la institución".

A su vez, Héctor Santana, uno de los actuales directivos, explicó a Cruz del Sur que el fideicomiso se realizó “porque era la figura ideal para comprar del sanatorio de forma segura, ya que permite demostrar solvencia y liberar los pagos a medida que se hace efectivo el traspaso” y que la intención original fue “brindar a los médicos asociados un espacio que garantize el desempeño laboral prescindiendo de la patronal empresaria”. Y es allí donde se encontraría el conflicto de intereses, ya que, según Santana, “los afiliados que hicieron la denuncia que originó la intervención son titulares de otros sanatorios, y no quieren que la gremial compita con ellos”, asegurando que existe detrás de la causa “una campaña sucia” en la que no dejan de mirar con recelo a Ricardo Lorenzetti, el abogado rafaelino que preside la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Lorenzetti fue el abogado patrocinante de las primeras denuncias de este grupo -explicó Santana-. A su vez, la Asociación Médica lo impugnó como candidato a juez de la Corte Suprema, por ser accionista de una gerenciadora de PAMI en los ´90. Luego de la impugnación y su nombramiento, la campaña en nuestra contra se recrudeció. El año pasado intentaron liquidar los bienes de la Mutual a través de una intervención administrativa de la Dirección de Personerías Jurídicas, pero logramos frenarla. Este nuevo avance es imposible pararlo, porque viene del juzgado federal”.

De este modo, la mutual solidaria se encontrará intervenida, al menos, los próximos seis meses. Sobre la materia, la ciudad de Rafaela ya tiene antecedentes y experiencias: la Mutual Club Ben Hur salió ilesa de dos corralitos financieros a sus ahorristas, y ex dirigentes de la Mutual del Club Atlético Rafaela debieron salir del país cuando la justicia investigó sus manejos. Por eso ahora genera tanta polémica la intervención a una entidad históricamente comprometida con la medicina solidaria, con reconocidos médicos al frente de su comisión directiva, y que acusa total solvencia en sus cuentas.