La Ley de Medios ya está en el aire.

Eduardo subí la radio, yo enciendo un petardo. ¿Cuánto falta para que se reglamente la ley?

La ley de medios audiovisuales ya está en marcha. Hace pocos meses la idea de que el país cuente con un marco regulatorio en el campo de la comunicación acorde con nuestros tiempos parecía una verdadera utopía, pero una serie de factores políticos hicieron tierra fértil para que se impulsara una nueva norma: un gobierno dispuesto ansioso por enfrentar a los poderosos dueños de multimedios, un profundo sustrato ideológico aportado por numerosas ONG y organizaciones sociales, y el respaldo de claves del progresismo, como académicos, intelectuales, periodistas y partidos políticos de centro izquierda, indispensables para lograr la aprobación.

Y aunque mucho se dijo sobre la ley, poco se sabe sobre su futuro. El texto final destaca que a partir de un año de la instrumentación es cuando los grandes grupos deberán deshacerse de sus señales. Muchas voces explican que este proceso puede llevar varios años, y su consecuencia es impredecible, porque se calcula que deberán venderse alrededor de un centenar de medios de comunicación en un período relativamente corto, y como existen leyes que impiden que los capitales internacionales adquieran medios de comunicación, nadie puede predecir si habrá suficientes inversionistas locales para satisfacer una demanda inédita.

Ése tal vez sea el punto más oscuro de una legislación aprobada de forma desordenada y sin un debate a conciencia, ya que las enormes presiones de los grandes grupos mediáticos y los desmanejos políticos que intermediaron las votaciones desvirtuaron el verdadero trabajo de los legisladores. Mientras que en Diputados la oposición se retiró del recinto, eludiendo el debate genuino y perdiendo la oportunidad de imponer criterios que equilibren la propuesta oficial, en Senadores, el arco opositor se encontró fracturado por luchas internas y con pocas ideas, una combinación que debilitó su fuerza para cambiar el texto. Finalmente, se aprobó una norma con varios puntos oscuros, destinada a ser revisada a la brevedad.

Sin embargo, existen algunas certezas. Para Santa Fe comienza un tiempo, al menos, interesante, ya que la administración de Hermes Binner podrá concretar un viejo anhelo del progresismo: un canal provincial público y una señál de radio AM/FM. Las señales de televisión y radio made in Santa Fe no sólo brindará nuevos espacios de trabajo a los centenares de profesionales de la comunicación que son marginados de los grandes medios, sino que permitirá a los santafesinos sentar pilares para la afirmación de su propia identidad. "Hay zonas de la provincia donde se habla con tonada cordobesa", explica el Gobernador cuando defiende el proyecto.

Para los rafaelinos, la ley de medios es una buena noticia. Aunque los principales diarios y radios se manifestaron en contra de la legislación, lo cierto es que a esos mismos periódicos no los amenazará la sombra del Grupo Clarín. Desde hace años se corre el rumor que el Gran Diario Argentino busca desembarcar en Rafaela, y esto sucedería a través de la compra de un medio local o una asociación estratégica para imponer un medio de noticias de Rafaela y zona desde una óptica propia, más cercana a los intereses de Buenos Aires que a la idiosincracia regional.

Asimismo, las radios rafaelinas ya no tendrán poderosas cadenas porteñas que compitan con la programación local. Desde los `90 a esta parte, proliferan las señales de radio que transmiten programación hecha en Buenos Aires a través de satélite, lo que implica una programación con gran audiencia potencial, las 24 horas ya costo mínimo, lo que desalienta la realización de programas locales y debilita la agenda local, supeditada a la de la metrópoli. Los rafaelinos se acostumbraron a levantarse, encender la radio local y escuchar a un locutor de Buenos Aires informando sobre el trásito en la panamericana. La ley de medios permitirá que estas transmiciones se reduzcan al mínimo, y las radios no tendrán más opción que producir programas propios hechos en Rafaela.

¿Y por qué tanto La Opinión, Castellanos, LT28 y Radio San Patricio, para mencionar sólo algunos de los medios que se manifestaron en contra de la regulación estatal, defendieron los intereses de los grandes grupos mediáticos? Una respuesta podría ser el mínimo nivel de debate que tuvo la ley en nuestra región, donde sólo la Coalición para un Radiodifusión Independiente junto con la CTA-Castellanos, realizó paneles de diálogo sobre el tema, que tuvo repercusió exclusivamente en el ámbito estudiantil, tanto en el Instituto del Profesorado Nro 2 como las facultades privadas de comunicación. Los dueños de medios y los periodistas se mantuvieron, en general, al margen del tema, y cuando la ley llegó al Congreso, sólo disponían de la información difundida por los grandes medios de Buenos Aires. Y allí se encuentra otra de las razones, y tal vez la de mayor peso: la tradición de la prensa rafaelina de anclarse en el discurso dominante, es decir, el de Clarín y La Nación, y no analizar desde una perspectiva original.

Es por todo esto que los medios rafaelinos deberán replantear los criterios a la hora de pensar su agenda. Editar periódicos y revistas reproduciendo el ideario de los grandes medios sin discusión, o instalar una radio a base de enlatados o satélite de Buenos Aires, sin inversión ni programación local deberá ser una cosa del pasado. La nueva ley de medios es un mensaje muy claro de la ciudadanía a las patronales de la comunicación: la necesidad de transformar el mapa mediático argentino, modernizarlo, ponerlo a la altura del siglo XXI, donde la información vuelva a ser una herramienta de la construcción de ciudadanía, y no un bien de cambio al servicio de intereses sectoriales.

Este proceso debe traer aparejado mayor rigor periodístico, la propalación de información confiable, la realización de programas de calidad, es decir, una mejora cualitativa en los contenidos, pues en la actualidad los mass media locales se caracterizan por propuestas pobres, información de segunda o tendenciosa. y un alarmante vacío de ideas. Asimismo, este extenso y rico debate sobre los medios echó por tierra el viejo mito del "periodismo de periodistas" y llevó el tema a la calle, a quienes no son parte del ámbito laboral, que por primera vez reclamaron su derecho a una radiofonía mejor.

Una ley es sólo una ley. Es tan humana como quienes la ponen en vigencia. Pero estos actos políticos tienen significados plurales y profundos, y una nueva ley de medios tal vez sea el principio para pensar lo mediático desde una neuva perspectiva, alejada del negocio y más cerca de su espíritu verdadero: hacer mejor la vida de todos.

¿Por qué el socialismo votó a favor de la Ley de Medios?

La familia binnerista podría reunirse frente a la TV gracias a la nueva ley de medios

[Versión extendida del artículo publicado en Diario Perfil

del sábado 19 de septiembre de 2009]

Las decisiones que definen una movida política de peso como la aprobación de la ley de medios audiovisuales rara vez tienen como único respaldo los argumentos que sustentan el voto. Y el caso del visto bueno del Partido Socialista no es la excepeción, ya que también cuenta con un detrás de escena que resulta esencial para comprender el sorpresivo giro del bloque opositor que, en esta ocasión, decidió dar luz verde al proyecto oficialista. Existen tres fundamentos claves por los que el socialismo decidió votar la ley de medios favorablemente.

En primer lugar, el partido se encuentra atravesado por una interna a nivel ideológico que se tensiona cada vez que el panorama político nacional se polariza. Hasta hoy, el PS navega hábilmente en el centrismo, seduciendo tanto al progresismo como a sectores conservadores. Mientras que Binner representa fielmente a los primeros, los segundos ven en el Senador Rubén Giustiniani un aliado ideal, y trabajando “a dos puntas”, el socialismo construyó un tejido de alianzas que mantiene el respaldo de la centroizquierda en su distrito y, a su vez, alianzas políticas con todo el arco opositor a nivel nacional.

Pero el debate por la ley de medios enfrenta los dos modelos y puso al PS en una delicada situación: rechazar la ley y romper con el progresismo que lo sostiene a Binner en Santa Fe, o aprobarla y disentir con la Coalición Cívica, que considera al gobernador uno de sus aliados en la batalla contra el kircherismo. De este modo, los “duros”, que responden mayoritariamente a Giustiniani, se enfrentaron con el binnerismo, quienes evitaron romper con los militantes de centroizquierda que son mayoría en Santa Fe, y que al ver frustradas sus aspiraciones, podrían volcarse al sector que lidera al dipuatdo Agustín Rossi. Esto ya sucedió con el diputado sabatellista Marcelo Brignoni, quien en las últimas elecciones respaldó al alfil del kirchnerismo, a pesar de integrar el Frente Progresista Cívico y Social que conduce Binner.

Esta tensión se mantuvo en la última semana, y fuentes cercanas a ambas fuerzas internas relataron a PERFIL que, luego de varios días de llamadas cruzadas y álgidas discusiones en el seno interno del partido, se impuso la postura binnerista. Y esta negociación no fue un intercambio de “favores”, aclaran las fuentes, sino más bien un debate más cercano a lo ideológico, y a la coherencia del socialismo con su histórico pedido por un debate para la ley de medios. Gremios como la CTA -cuya seccional santafesina respalda al binnerismo- y técnicos de las universidades de Rosario y Santa Fe -que componen muchos de los cuadros de gobierno- serían quienes reclamaron el visto bueno a una norma que ellos mismos ayudaron a redactar.

Yo amo a la TV

También influyó en el voto positivo a la ley, el proyecto del binnerismo para crear un canal de televisión público que lleve una programación cultural e informativa a toda la provincia. Esta idea surgió del Consejo Consultivo para el Crecimiento de Santa Fe, un organismo creado por Binner y que lo integran –ad honorem– doce empresarios santafesinos, y cuyo pedido al Gobierno Provincial fue “solicitar al Poder Ejecutivo Nacional la autorización para instalar un servicio de radio AM y, eventualmente, una emisora televisiva con estaciones repetidoras en las cabeceras de las distintas regiones”. De este modo, el socialista puso en marcha la idea y buscó solicitar una frecuencia de radio y otra de televisión para el Estado santafesino amparándose en el decreto 1214, que Eduardo Duhalde firmó antes de dejar la presidencia, y que le permite a las provincias contar con sus propias señales. "Pero una empresa particular interpuso una medida cautelar y todo se frenó en la Corte. El decreto tiene media sanción en la Cámara de Diputados y falta que se expida el Senado", detalló el secretario de Comunicación Rubén Galassi, cuendo presentó en noviembre de 2008 un proyecto que lo reemplazaría: una señal de cable estatal, que estará inspirado en el canal Encuentro, e incluirá contenidos de interés público que combinen educación, información y entretenimiento.

Pero si se aprueba la nueva ley de medios, el gobierno santafesino ya no deberá sortear un laberíntico camino para inaugurar radios y televisión públicos, pues la norma facilita ampliamente la creación de medios estatales. Según las propias palabras de Binner, la legislación de medios, tal como está ahora, “perjudica enormemente a Santa Fe, pues estamos muy mal desde el punto de vista de las comunicaciones. No tenemos absolutamente ningún medio ni oral ni escrito ni televisivo, que llegue a toda la provincia, lo que provoca que hasta encontremos algunas regiones santafesinas con tonada cordobesa. No tenemos medios propios que nos integren”, reconoció cuando diversos medios lo consultaron acerca de su postura sobre la ley, durante el mes de agosto.

Devolvé la bolsa

Por otro lado, la ley de medios llega a debate en el Congreso precisamente cuando Hermes Binner se encuentra en pleno proceso de negociación para que el Gobierno nacional abone, aunque sea en parte, una multimillonaria deuda que el Estado nacional contrajo con la provincia de Santa Fe y que se remonta al menemismo.

Según los números extraoficiales -pues en estos días una comisión mixta analiza las cifras finales- la deuda sumaría en total la friolera de 4200 millones de pesos. En primer lugar existe un reclamo formal de la provincia a la Nación por más de 1200 millones retenidos por el denominado Impuesto al Cheque, que para el binnerismo es inconstitucional. Además reclama los fondos comprometidos para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia, deuda que supera hoy los 400 millones de pesos. También exige 600 millones de pesos, que se corresponden al mecanismo de compensación de ingresos entre la Nación y las provincias.

Esta deuda tuvo varias polémicas desde que el socialista llegó a la casa Gris, y el kirchnerismo siempre fue reacio a tratar el tema. En caso de que el gobierno nacional pague, aliviaría casi por completo el déficit que el estado provincial acusa, que sumaría unos 560 millones de pesos en este ejercicio fiscal, y augura un 2010 con “muy poca obra pública”, según anunciaron los ministros en vistas del rojo fiscal ocasionados por las crisis que afectan al país desde el comienzo del gobierno de Cristina Fernández.

Aunque esto no fue reconocido por los voceros oficiales del socialismo, la oposición no deja de señalar a la dirigente de Pampa Sur, María del Carmen Alarcón, como un fuerte enlace entre el kircherismo y el gobierno santafesino, ya que esta peronista fue hasta hace poco funcionaria de Binner y hoy desempeña un cargo político clave en el Gobierno nacional. Fue cuando sucedió este traspaso en que habrían comenzado las gestiones para resolver esta deuda que, en caso de ser abonada, seríua una verdadera inyección de confianza de los santafesinos hacia la gestión del socialista, que a pesar de contar con una imagen positiva muy alta, puede verse dañada en caso de continuar la crisis económica.

Es por esto que Hermes Binner precisa no romper las relaciones con el kirchnerismo, y si bien el voto positivo a la ley de medios está lejos de fundarse en esta relación, lo cierto es que la norma resulta una herramienta ideal para que el socialista utilize en la dura negociación que mantiene con un gobierno que se caracteriza por ignorar de plano a las necesidades de los gobernadores opositores.