Paren de Fumigar, la ONG cordobesa que lidera el reclamo por el fin de los agrotóxicos, recientemente realizó un acto en San Lorenzo que despertó muchas conciencias.
Mientras todos los ojos mediáticos se concentran en el Congreso de la Nación, la legislatura santafesina también parece estar decidida a hacer historia. En la Cámara de Diputados ya obtuvo media sanción un proyecto presentado por el oficialismo que le otorga poder de policía a la Secretaría de Medio Ambiente para controlar las fumigaciones en todo el territorio santafesino.
Esta nueva norma, cuya defensa está a cargo del senador de Las Colonias Carlos Fascendini, proyecta un cambio que establecerá nuevos parámetros en la aplicación de la ley vigente. La novedad es pequeña, pero la diferencia es grande, ya que el proyecto -que desde este jueves tiene media sanción en Diputados- destina el órgano de aplicación a la secretaría de Medio Ambiente, permitiendo a un especialista en ecología, como el titular de la cartera, Lic. César Mackler, controlar y sancionar bajo los parámetros del cuidado de medio ambiente. Desde su sanción en 1995, durante la administración de Carlos Reutemann, la norma corría por cuenta de la cartera de Producción, por lo que generalmente los controles jamás se oponían a los intereses de las emrpesas y dueños de campos, y por lo tanto, resultaba un maquillaje para tapar el peor de los delitos: el asesinato por envenamiento.
El color de la soja
En la provincia existe un grave problema con las fumigaciones, ya que el avance imparable de la soja y la popularización de la técnica de siembra directa trajeron consigo el uso indiscrminados y fuera de control de los agrotóxicos, veneno para alimañanas de campo que, finalmente, terminó matando a los pobladores de los centros urbanos cercanos a los campos. Desde ese año, Santa Fe se volvió un verdadero paraíso para los productores de soja, quienes en su mayoría rechazaron todo tipo de control de fumigaciones, ya sea desde el uso responsable hasta las mínimas multas estatales. En ese sentido, el caso del pueblo Las Petacas, una pequeña localidad donde hasta el presidente Comunal contrajo cáncer de estómago a raíz de las fumigaciones sobre las viviendas y plazas, fue un caso testigo que conmovió a todo el país. Y como éste, cientos de pueblos en Santa Fe tienen graves problemas con las fumigaciones.
Recientemente, se supo que sólo 94 poblados sobre los 360 del territorio establecieron su propia línea agronómica, es decir, el límite urbano para medir la distancia desde la cual se pueden utilizar agroquímicos. En Rafaela, ese límite es 200 metros, que estableció el intendente Omar Perotti, luego de una álgida pelea mediática con la Asociación Civil Amigos de la Vida, que denunció que el borrador del decreto establecía ese límite, originalmente, en 32 metros. Al mismo tiempo, en Susana, un pequeño pueblo a 15 kilómetros de Rafaela, el presidente comunal Peretto realizó una ordenanza ejemplar, fijando el límite en 500 metros promedio, dividiendo los espacios de fumigación a partir de sus niveles de toxicidad.
Modelos enfrentados
El debate de las fumigaciones tiene un fuerte trasfondo político, ya que la legislación original fue redactada y aprobada por el reutemismo, corriente interna del PJ que puso el Estado al servicio de los agronegociados, en detrimento de la salud y el bienestar de los santafesinos. Sin ir más lejos, uno de los principales alfiles de Carlos Reutemann, Víctor Trucco, fue el primer secretario de medio Ambiente de la provincia. Trucco fue designado por el “Lole” para investigar un tema que a mediados de los ´90 aparecía como la vanguardia en temas agropecuarios: la siembra directa, un proceso que permite el cultivo del suelo sin laboreo -más sencillo y de mayor rendimiento- pero que exige un constante uso de agrotóxicos, en su función de herbicidas. Trucco fue un funcionario ejemplar, y los temas medioambientales fueron supeditados a las necesidades productivas del agro, en especial de la soja, producción estrella de la siembra directa. Al finalizar su mandato, Trucco se convirtió en fundador y presidente honorario de Aapresid, la entidad líder en siembra directa.
A esta ideología de base, se le suma el constante desfinanciamiento del gobierno hacia la cartera, un desdén del Poder Ejecutivo que le costó a santa Fe un crecimiento exponencial de las fumigaciones sin control. Un funcionario de esa cartera, en los últimos meses de la gestión de Obeid, confesó a este cronista la división para controlar las asperciones de agrotóxicos que sólo contaban con “dos camionetas para controlar las fumigasciones de la provincia completa”. Así, los mínimos recursos y un modelo productivo que dio rienda suelta al descontrol, ocasionó el desastre ambiental de la que Santa Fe hoy es un verdadero emblema.
Esto tiene un freno recién con el recambio de gobierno. La administración Binner puso fin a las confusiones de roles, y designó a un especialista en medio ambiente, César makler, al frente de esa cartera, un cuadro emnientemente técnico sin filiación política, que fue elegido luego de la campaña proselitista de 2007. Él es el principal impulsor del cambio de jurisdicción para los controles, lo que impactará en un drástico cambio de enfoque en el tema. Las fumigaciones fuera de la ley ya no serán vistas como un atentado a la producción, sino un delito a la tierra que será castigado.
Sin embargo, para que el fin de las fumigaciones tenga una oportunidad, es necesario que la norma pase el filtro de la Cámara de Senadores, hoy controlada por la mayoría del PJ reutemanista, el último reducto político de esta fuerza cuyo líder se encuentra siempre ausente, pero que continúa definiendo el futuro legislativo de Santa Fe.
Para el diputado Carlos Fascendini, “antes de fin de año puede estar aprobada”. Tal vez sus optimistas declaraciones sean ciertas, y los agrotóxicos en Santa Fe se transformen lentamente en una herramienta complementaria de la producción, y no ese veneno que asesina en silencio y sin pausa, que se cuela en las casas y los pulmosnes de los indefensos poblados santafesinos.
